Estudio comparado del derecho a la educación superior y el suministro de alimentos de los estudiantes universitarios.

Abstract

RESUMEN: En Ecuador, donde la educación es un derecho fundamental consagrado en la Constitución, surge un problema jurídico relacionado con la terminación obligatoria de las pensiones alimenticias a los 21 años según el Código de la Niñez y Adolescencia, sin considerar si los beneficiarios han completado o no la educación superior. Esta limitación plantea desafíos para los estudiantes universitarios, que se ven obligados a buscar alternativas económicas para cubrir sus necesidades básicas, lo que, a su vez, contribuye al abandono escolar y afecta negativamente sus perspectivas laborales. Además, a pesar de que la Constitución garantiza el derecho a la educación, la falta de apoyo alimentario crea barreras significativas a derechos conexos. La investigación tiene como objetivo comparar el acceso al derecho a la educación superior y la provisión de pensiones alimenticias en Ecuador, Colombia y Perú, por tanto, se analizan aspectos legales y doctrinarios relacionados con las pensiones alimenticias y el derecho a la educación superior, investigando los determinantes de la deserción estudiantil en Ecuador. La metodología adopta un enfoque cualitativo, utilizando métodos deductivos, dogmáticos y jurídico correlacionales. La población de estudio incluye jueces de la Unidad de Familia, Mujer y Adolescencia en Riobamba, con una muestra no probabilística de cinco jueces. Los resultados revelan que el derecho a las pensiones alimenticias tanto en Ecuador, Colombia y Perú está intrínsecamente vinculado a las necesidades básicas, incluyendo la educación, Además, el análisis del derecho a la educación superior en Ecuador deja ver que existen barreras que limitan el acceso y la retención de estudiantes universitarios, impactando negativamente en su desarrollo académico y profesional. La comparación de legislaciones resalta diferencias significativas, evidenciando la necesidad de reformas legales en Ecuador para alinearse con estándares internacionales y garantizar el acceso equitativo y sostenible a la educación superior. En consecuencia, la investigación aboga por reformas legales que ajusten la edad límite para la extinción automática de las pensiones alimenticias, buscando respaldar continuamente a los estudiantes universitarios y contribuir al debate jurídico y social sobre la adaptación de la normativa existente a los desafíos contemporáneos en el ámbito educativo.