La motivación del fiscal en la petición de la orden de prisión preventiva y los derechos del procesado

Abstract

El sistema procesal penal ecuatoriano ha previsto varias medidas cautelares que pueden ser impuestas a la persona procesada con el único fin de garantizar la comparecencia de este al proceso penal y en caso de una sentencia condenatoria cumpla la pena y repare íntegramente a la víctima. Una de las medidas cautelares más discutidas es la prisión preventiva el cual limita el derecho de libertad del procesado y en muchas ocasiones se considera como una pena anticipada. El Código Orgánico Integral Penal ha previsto el cumplimiento de varios requisitos que el titular de acción penal pública debe reunir y considerar el momento de solicitar dicha medida, el articulo 534 ibidem ha determinado que este medida será aplicada cuando no exista ningún otro medio idóneo y seguro que permita cumplir el objetivo de la prisión preventiva, una de las labores más importantes del fiscal es fundamentar correctamente dicha petición para que el juzgador analice cada uno de los requisitos y la conceda. La fundamentación de la petición de dicha medida debe estar ajustada al principio de proporcionalidad es cumple un rol importantísimo la imposición de la prisión preventiva en todo estado de derecho y tiene como objeto el conseguir una solución de conflicto entre el derecho a la libertad personal y el derecho a la seguridad del individuo garantizada por la necesidad ineludible de una persecución penal eficaz, la correcta fundamentación por parte del fiscal y la motivación (análisis del juzgador) permite que la prisión preventiva cumpla su objetivo y no vulnere los derechos de la persona procesada.