“Análisis al derecho de la salud preventiva y la integridad física amparado en la constitución del ecuador de las personas privadas de libertad en el Centro de rehabilitación de Riobamba”

Abstract

En el primer capítulo hablaremos sobre el derecho a la salud para el estado representa una obligación a la cual todos los ciudadanos deben tener acceso completo, cuyo objetivo es alcanzar el bienestar de la población en general, destacando la importancia del mismo entendiéndolo como el nivel más alto de bienestar en diferentes ámbitos, físico, mental y social dicha atención incluye el diagnóstico médico adecuado y de carácter gratuito como lo indica la Constitución del Ecuador y de atención prioritaria y especializada al tratarse de personas privadas de libertad. En el segundo capítulo tratamos sobre la integridad personal la convención de derechos humanos se refiere que todos merecen el respeto tato de su integridad física y moral de igual manera sostiene que nadie puede ser sometido a ninguna clase de actos que violen este derecho y normas básicas del tratamiento y la finalidad de la pena siempre este dirigida a la readaptación de a quien se imponga. En el código orgánico integral penal (COIP) habla sobre la integridad física que toda persona privada de libertad tiene derecho a la integridad física, psíquica, moral y sexual, se prohíbe toda acción, tratamiento que implique tortura o trato cruel, inhumano o degradante. Sin embargo, la realidad de las personas privadas de libertad es que el derecho de salud e integridad física son vulnerados ya que no se cumple con la atención medica ni evaluaciones periódicas, no poseen un historial o ficha medica con los exámenes preventivos o las enfermedades que poseen que deberían ser actualizado de forma periódica con base en informes realizados por el personal médico del mismo centro y al no contar con dichos informes médicos se vulnera el derecho a la salud y su integridad física poniendo en riesgo la vida de los PPL. A su vez dentro del centro de privación de libertad no cuentan con un centro de atención medica que posea equipos médicos de calidad, tampoco existe profesionales especializados en cada área médica para el tratamiento que necesitan las personas privadas de libertad y el impedir el tratamiento médico para dichas personas podría devenir en formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes, vulnerando el derecho de la integridad física.