Procesos Disciplinarios en contra de los Jueces por dolo, error inexcusable o negligencia manifiesta, Análisis Probatorio

Abstract

La responsabilidad administrativa es aquella en la cual incurre el servidor público judicial por acciones u omisiones cometidas en el ejercicio de su cargo que producen una lesión o daños a los intereses del Estado, servidores públicos o particulares, lo cual origina la imposición de sanciones cuando previamente se ha seguido el debido proceso de sumario disciplinario, en especial cuando el mismo es dirigido en contra de los administradores de justicia. En virtud de lo expuesto, se manifiesta que si un juez incurre en responsabilidad administrativa, podrá ser destituido del cargo, pero además podrán iniciarse en su contra acciones civiles o penales, según la naturaleza de la falta en especial cuando habrían cometido faltas graves o gravísimas establecidas en el Código Orgánico de la Función Judicial, cuya consecuencia es la pérdida del cargo de juez. Con estos antecedentes, se manifiesta que en el presente trabajo se evidencia la necesidad de que el ordenamiento jurídico debería establecer que solo los jueces pueden solicitar o disponer a los órganos administrativos de la Función Judicial el inicio de procesos disciplinarios por error inexcusable o manifiesta negligencia, por cuanto solo los administradores de justicia estarían en la capacidad de determinar si un funcionario judicial actuó con evidente negligencia o error al momento de aplicar la ley; más no los funcionarios públicos administrativos, los mismos que deberían iniciar procesos disciplinarios previo una predeterminación de responsabilidades por parte de un juez en contra de otro, mas no en forma directa o de oficio. La ejecución de la investigación beneficiará a la independencia de la Función Judicial, por cuanto el error inexcusable ha sido un instrumento jurídico que en ocasiones ha producido la destitución de un juez, sin mayores argumentos jurídicos o sin comprobarse a cabalidad de que el mismo incurrió en una infracción, es decir cuando no se demostró a través de los diversos medios de prueba que el juez incurrió en una infracción administrativa.