La excepción de la usura en el Código Orgánico General de Procesos

Abstract

La usura consiste en el cobro de intereses excesivamente altos producto de un préstamo económico, de ahí que en la legislación ecuatoriana esta práctica se encuentre prohibida tal como lo determina el Art. 335 de la Constitución de la República del Ecuador y a la vez es considerada como un delito tal como lo tipifica el Art. 308 y el Art. 309 del Código Orgánico Integral Penal, estableciendo una sanción de mínima de cinco años de pena privativa de libertad y una máxima de diez años. Ante las continuas demandas instauradas por los usureros en contra de sus deudores, los legisladores establecieron el delito de usura como una excepción que puede ser utilizada al momento de contestar una demanda ejecutiva, para lo cual deben cumplir con un parámetro fundamental determinado en el Art. 353 numeral 4 del Código Orgánico General de Procesos, que es la existencia de auto de llamamiento a juicio por el delito de usura, en el cual la parte demandada del procedimiento ejecutivo actúe en calidad de acusador particular o denunciante y que la parte actora del procedimiento ejecutivo sea el procesado por el delito de usura. La investigación pretende determinar las consecuencias procesales de la aplicación de la excepción de la usura, por parte de los operadores de justicia, toda vez que esta normativa genera dudas de carácter legal en cuanto a su tramitación.