Consecuencias jurídicas con la aprobación de la enmienda constitucional al art. 229 de la Constitución de la República del Ecuador, por el cual se elimina su tercer inciso; y, por lo tanto todas las personas que trabajan en el sector público son Servidores Públicos

Abstract

La presente investigación hace alusión a la enmienda constitucional del Art. 229 de la Constitución de la República del Ecuador, aprobada el 3 de Diciembre del 2015 en la cual se elimina su tercer inciso y por lo tanto los obreros del sector público ahora se rigen por la Ley Orgánica del Sector Público, trayendo consigo una serie de consecuencias motivo por el cual se investigó los efectos que generó la aplicación de esta enmienda constitucional y además se determinó los derechos laborales que han sido vulnerados a partir de la promulgación de esta enmienda constitucional. Durante el proceso investigativo se utilizó los métodos de investigación inductivo, analítico y descriptivo, que permitieron describir las consecuencias jurídicas, económicas y sociales, que se generan con la aplicación de esta enmienda constitucional en relación a la normativa legal ecuatoriana, tratados y convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, que han sido suscritos por el Estado Ecuatoriano. Los resultados obtenidos permitieron verificar la existencia de la vulneración de derechos laborales para las y los obreros que forman parte del sector público a partir de la promulgación de esta enmienda constitucional; y a su vez se verifico que existen nuevos beneficios otorgados a los trabajadores, mismos que son atribuidos por la aplicación de la Ley Orgánica del Sector Público, finalmente los resultados investigativos indican que tanto los obreros que laboran dentro del servicio público como los servidores públicos en la actualidad tienen los mismos derechos, obligaciones y oportunidades laborales y además en ambos casos los trabajadores se regirán por el mismo cuerpo legal; lo cual ha vulnerado notablemente los derechos laborales que el Código de Trabajo ecuatoriano atribuía al sector obrero; esto es, el derecho a la libertad de asociación, contratación colectiva, libertad sindical y derecho a la huelga.