“El Fraude laboral y su incidencia en las sentencias del juicio individual de trabajo en la Unidad Judicial de trabajo de la ciudad de Riobamba en el período 2015-2016”

Abstract

El presente trabajo de investigación ofrece al lector una temática poco discutida en el seno de la Academia y el ámbito legislativo, y que parte de un problema que afecta a los derechos de los trabajadores y trabajadoras, esto es el Código de Trabajo al no tipificar al fraude laboral, pues vulnera los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Ciertamente, esta práctica es utilizada por ciertos empleadores como forma de no pagar a los trabajadores lo que por ley les corresponde; lo que se evidencia de muchas formas, siendo las más comunes el hacer pasar una relación civil cuando en la práctica es una relación laboral bajo dependencia, o cuando se hace constar en papeles el pago de remuneraciones a los trabajadores, siendo que en la práctica se canceló un valor menor al que consta por escrito, y que otras veces incluso el valor referido nunca se canceló, etc. En todo caso, estas prácticas que resultan comunes fueron abordadas en el nuevo marco constitucional establecido en el 2008 en Montecristi, cuando en el artículo 327 se estableció que la simulación y el fraude en el ámbito laboral deben ser sancionado de acuerdo a la ley, pero el problema surge, cuando la ley a la que hace referencia la Constitución de la República no dice nada. Efectivamente , al legislador se le olvidó incluir esta figura jurídico-laboral en el Código Orgánico Integral Penal o en el Código de Trabajo, por lo que su práctica no tiene un marco claro para ser sancionado. Al respecto, se ha abordado el problema en el quehacer académico proponiendo que esta práctica sea tipificada como delito en el Código Orgánico Integral Penal; sin embargo, el autor exhibe una propuesta novedosa y viable que no se parece a lo expresado en trabajos de investigación anteriores, esto es, que el fraude laboral sea sancionado y tipificado en el Código de Trabajo en beneficio del trabajador o la trabajadora perjudicada. Lo que permitirá garantizar sus derechos laborales y hacerlos cumplir en base al principio de primacía de la realidad.