La acumulación de las penas y su impacto en el índice de criminalidad en el derecho comparado americano.

Abstract

En el campo del Derecho, la pena se refiere a una sanción jurídica que restringe los derechos de una persona como consecuencia de cometer un delito previamente tipificado por la ley. Para que se aplique una pena, es necesario que un individuo sea declarado culpable por la comisión de una infracción, lo que implica que se haya cometido un acto antijurídico contra otra persona. Las penas tienen como finalidad tanto la prevención general de la comisión de delitos, disuadiendo a la sociedad como prevención especial, buscando la rehabilitación y la reinserción del infractor en la sociedad. La acumulación de penas, a lo largo de la historia, ha sido una práctica común en muchos sistemas legales, aunque su efectividad en la reducción de la criminalidad ha sido cuestionada y su aplicación ha variado según el contexto y los principios legales de cada época. En la actualidad, se promueve un enfoque más equilibrado en la justicia penal, centrándose en la rehabilitación y la reintegración de los infractores como estrategias efectivas para reducir la delincuencia. La acumulación de penas en América se refiere al proceso legal en el cual una

persona condenada por múltiples delitos recibe penas adicionales por cada uno de ellos, resultando en un tiempo de encarcelamiento total más prolongado. La aplicación de esta práctica varía según las leyes y el contexto legal de cada país, con diferencias en su rigurosidad. El propósito es reflejar la gravedad de los delitos y asegurar el cumplimiento de las consecuencias de las acciones del infractor, aunque se plantean preocupaciones sobre la equidad de imponer penas excesivamente largas. Algunos países están impulsando reformas con un enfoque en la rehabilitación y la reintegración social de los delincuentes. La acumulación de penas en el sistema penal de América, afectada por factores jurisdiccionales, tipología del delito y disposiciones legales, da lugar a una variabilidad en la duración efectiva de las condenas. Países, como Canadá, México, Chile y Argentina, siguen sus propios enfoques en la acumulación de penas, guiados por sus marcos legales y políticas penales respectivas con variaciones en la aplicación y los límites de tiempo para el cumplimiento de las penas. En Ecuador, aunque se permite la acumulación de penas, la orientación rehabilitadora choca con la acumulación máxima de 40 años. La falta de recursos plantea desafíos significativos para el sistema penitenciario ecuatoriano, afectando la rehabilitación y resocialización de infractores.