La suspensión condicional de la pena, en segunda instancia, como garantía del principio de mínima intervención penal.

Abstract

El proyecto de investigación denominado: “La suspensión condicional de la pena, en segunda instancia, como garantía del principio de mínima intervención penal”; propone una perspectiva periférica referente a la determinación del alcance y extensión de la figura jurídica de la Suspensión Condicional de la Pena contemplada por el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 630, y la relación que posee esta institución del derecho penal con el principio de mínima intervención penal, el nexo existente entre ambas desde un enfoque garantista del derecho penal.

Razón por la cual se propone un análisis jurídico, aplicando las diferentes fuentes del derecho público, entre las que se aplicará un estudio doctrinario, legal y jurisprudencial, con la finalidad de realizar un desarrollo objetivo que pueda vincular directa y proporcionalmente a la suspensión condicional de la pena con el principio de mínima intervención penal.

La inadmisión tacita de limitar el ejercicio de esta institución penal en segunda instancia, es contraria al principio de mínima intervención penal, en la que el IUS PUNIENDI del Estado debe estar limitado a sancionar a los infractores de la ley, y en delitos específicos que no puedan ser convertirse en una alternativa al proceso penal que termine con una sentencia condenatoria, y que de esta manera no se garantice ni la reparación material a la víctima ni la rehabilitación y posterior reinserción del infractor.

Se propone un escenario en el que se presenta un proyecto de propuestas de reforma legal al contenido del artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal, con el objetivo que el legislador considere prudente y oportuno, ampliar la esfera de aplicación de la suspensión condicional de la pena que, a la fecha se encuentra limitada a la primera instancia, para que la misma pueda ser solicitada, valorada y aprobada por el juzgador en la segunda instancia, donde la autoridad judicial competente para su valoración serán los jueces de la Corte Provincial Penal de las provincias respectivas.