La aplicación del Principio de Interdicción de la Arbitrariedad y su incidencia en las resoluciones en los Procedimientos Sancionatorios adoptadas por el departamento de Turismo del GAD Municipal Riobamba durante el año 2020.

Abstract

RESUMEN: La presente investigación propone sistematizar las exigencias que se derivan del principio de interdicción de la arbitrariedad, y su materialización en el procedimiento administrativo sancionador, con el objetivo de caracterizar a dicho principio como un límite al poder punitivo del Estado, en la determinación de responsabilidad administrativa y aplicación de sanciones. En razón, que los Gobiernos Autónomos Descentralizados son parte de la Administración Publica y gozan de autonomía política, administrativa y financiera, a su vez ejercen potestad sancionadora y tienen competencia para aplicar determinadas sanciones cuando se comete una infracción administrativa, por ello es necesario establecer que, el principio de interdicción de la arbitrariedad impone límites a las autoridades e instituciones de la Administración Pública, para precautelar los derechos y las libertades básicas de los administrados, problemática que se aborda en el estudio de manejo de los trámites administrativos sancionadores del Departamento de Turismo del GAD Municipal de Riobamba. Se utiliza una metodología cualitativa de alcance explicativo, aplicando los métodos inductivo-deductivo, análisis exegético y análisis documental. El principal resultado que se espera obtener es la aplicación adecuada de este principio en el procedimiento administrativo sancionador establecido en el Código Orgánico Administrativo, para una mejor protección de los derechos de los administrados en el procedimiento administrativo sancionador establecido en el Código Orgánico Administrativo, lo que tendrá un impacto positivo en las garantías de los derechos de las personas sometidas a la potestad sancionadora de la administración pública ecuatoriana. En este trabajo se investigará, el problema desde el ámbito administrativo, para llegar a establecer si se aplica adecuadamente el principio de interdicción de la arbitrariedad en los procedimientos administrativos.