La progresividad de la garantía de motivación y los nuevos parámetros establecidos en la sentencia 1158-17-EP/21 de la Corte Constitucional.

Abstract

Según el Art.1 de la Constitución de la República del Ecuador, el Estado es una entidad Constitucional de Derechos y Justicia. Por ende, en dicha Constitución se otorgan derechos específicos a los sujetos procesales de cualquier materia (civil, penal, laboral, constitucional, etc.). En el Art.76, como una forma de salvaguardar estos derechos, se incluye el derecho al debido proceso. Asimismo, el Art.76 numeral 7, literal l), incluye la motivación como una garantía básica para las personas en el ejercicio de su derecho a la defensa. El enfoque cuantitativo se centra en la recolección de datos numéricos. Esta forma de investigación se lleva a cabo mediante el uso de encuestas, exámenes, entrevistas estructuradas y otros métodos estadísticos. La principal ventaja es que los datos recolectados son cuantificables, lo que significa que se pueden utilizar para formular conclusiones estadísticas. Se concluye que el Art.76.7.l) de la Constitución del Ecuador establece la obligación de motivar la defensa de los derechos. Para cumplir con esta exigencia, hay que explicar con claridad los principios jurídicos aplicables y la relevancia de su aplicación. Cuando esto no sucede, los actos, resoluciones o fallos pueden ser considerados nulos. En 2012, la Corte Constitucional estableció un mecanismo para garantizar el debido proceso, conocido como "test de motivación", el cual regula que los actos, resoluciones o fallos cuenten con tres elementos: razonabilidad, lógica y compresibilidad. Si falta alguno de ellos, se consideraría que la motivación no fue adecuada, lo que vulnera el derecho al debido proceso y la tutela judicial efectiva.