La seguridad jurídica y la contratación pública por vía electrónica

Abstract

RESUMEN: La Seguridad Jurídica es un principio de rango constitucional que le confiere a la persona natural o jurídica la certeza normativa en todas las actuaciones de la administración pública; así como en el proceso de contratación pública por vía electrónica. La presente investigación tiene como objetivo demostrar que el cumplimiento de esta garantía en relación con los fines previstos en los procesos de contratación pública contenidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la metodología empleada consiste desde el enfoque cuantitativo – cualitativo; para lo cual, basados en el análisis e interpretación de datos, se aplicó la investigación descriptiva para referir situaciones en base a la realidad; a su vez, para ello se aplicará el método inductivo – deductivo a partir de la observación. Es un proceso que va desde lo particular hasta lo general. El método deductivo consiste en explicar la realidad a partir de la lógica para la construcción de argumentos. Es un proceso que va desde lo general o abstracto hasta lo particular. Como resultado se determinará que se vulnera el derecho a la seguridad jurídica desde dos perspectivas, en primer lugar al no tener un parámetro de alcance normativo y la aplicación de esta atribución estatal por medio de la discrecionalidad, es confusa y no es aplicada tanto en el lineamiento del tiempo y del objetivo de esta actuación por parte de una autoridad no competente, se considera que el procedimiento a seguir sería demandar inobservancia del Estatuto de Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva (ERJAFE). Por tanto, se concluye que el derecho a la seguridad jurídica es vulnerado en los procesos de contratación pública por vía electrónica; y es esta una prerrogativa establecida dentro de las normas aplicables a los procesos de contratación pública. Con el texto constitucional, el ordenamiento jurídico y los aspectos doctrinarios, se logrará establecer que tanto la claridad de la norma y la aplicabilidad por parte de la autoridad competente no fueron respetadas por parte de la administración pública.